La publicación de las consultoras privadas Oliver Wyman y Roland Berger de su estimación de las necesidades de capital de la banca española es uno de los hitos decisivos en este complicado puzzle que vive España y la zona euro. Los resultados presentados ayer representan un alivio, al ser estas necesidades menos dramáticas de lo que en un principio se había pensado: un mínimo de 16.000 millones de euros y un techo de 62.000 millones en un escenario catastrofista en el que el PIB descienda un 6.5% en los próximos 3 años, con una caída del 60% en el precio de la vivienda y de un 90% en el del suelo.
Aunque son muchos millones de euros los que van a necesitar los bancos españoles, la cifra es muy inferior a la línea de crédito de 100.000 millones se va a pedir a Europa, cuya letra pequeña está aún en negociación, y por supuesto, muy lejos del escenario de debacle de 150.000 millones del que se llegó a especular en días pasados. En el peor de los casos, el capital necesario para enfrentar hipotéticas pérdidas no será mayor que un 6% del PIB, una cantidad manejable con recursos propios, tanto del Estado como de las propias entidades, en un escenario en que se relajasen las tensiones en los mercados financieros.
La otra buena noticia es que los “buques insignias” de la banca española—Santander, BBVA y La Caixa—no requieren capitalización externa y esto es importante porque las tres juntas representan el 46% del mercado bancario español por activos. No obstante, esta distinción introduce una importante sombra de duda al resto del sistema español, ya que en este momento, todos los bancos y cajas, a excepción de las tres antes mencionadas, son susceptible a necesitar capital adicional. Por tanto, unos cuantos bancos solventes y saneadas van a cargar con un estigma y posiblemente el castigo de los mercados, hasta el 31 de julio, fecha en que por fin se conocerá el desglose por entidad.
No podemos olvidar que, aunque la cifra sea más baja de lo que se había pensado, no dejan de ser muchos miles de millones de euros que no van directamente de Europa a los bancos españoles, sino que pasan por el Estado como responsable último. Bien podría decirse entonces que la banca está hipotecando buena parte de nuestros ingresos futuros, porque ese dinero hay que devolverlo y si los bancos no lo hacen, alguien lo tendrá que hacer y ese alguien es el Estado, o lo que es lo mismo, cada ciudadano. Y lo va a devolver en forma de impuestos (ya se está hablando de una hipotética subida del IVA), nuevos recortes sociales, eliminación de ayudas y subvenciones, adelgazamiento del Estado, sólo por mencionar algunas medidas que ya conocemos.
Además, la restructuración del sistema financiero español y el consiguiente proceso de concentración, supondrá cierre de oficinas, reducción de personal, liquidación de algunas entidades no viables o fusión con otras entidades. Todas estas medidas van a tener un importante impacto en la economía real, principalmente por la pérdida de empleos en el sector.
Tomando en cuenta el alto coste que va a suponer el saneamiento de nuestro sistema bancario para que apoye la recuperación económica mediante una reactivación del crédito, lo menos que debería hacer el Gobierno es deslindar responsabilidades entre los ejecutivos de las entidades fallidas y reforzar la supervisión por parte del Banco de España, que a todas luces ha sido insuficiente.
Parece surrealista que se hayan pagado 2 millones de euros a unas firmas privadas que han utilizado los datos proporcionados por el Banco de España para hacer estos cálculos generales, ya que las necesidades de cada institución las calcularán cuatro auditoras privadas. Y esto es simplemente porque desde fuera no se fían de las instituciones españolas. Y no les falta razón, también los ciudadanos tenemos muchas dudas sobre cómo hemos llegado hasta aquí y si se pudo haber evitado un precio tan alto para sanear a la banca.
Diana Campos Candanedo. Encuéntrame en